La situación política en Nuevo León se ha intensificado, ya que las bancadas del PAN, PRI y PRD decidieron proponer que se inicien juicios políticos contra el Gobernador Samuel García. Esta decisión surge a raíz de las 16 sentencias emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que solicitan al Congreso local tomar acciones contra el mandatario estatal. La priista Lorena de la Garza fue quien confirmó esta información tras una reunión plenaria en la que participaron representantes de los tres partidos.
Contexto de las sentencias del TEPJF
Las sentencias del TEPJF revelan preocupaciones serias sobre la conducta del Gobernador, señalando que este ha incurrido en el uso indebido de recursos públicos y ha vulnerado principios esenciales de imparcialidad y equidad electoral. También se le acusa de haber utilizado propaganda ilegal personalizada y de hacer uso inapropiado de símbolos religiosos en su gestión. Este conjunto de acusaciones ha llevado a los legisladores a considerar que es imprescindible actuar en consecuencia.
De la Garza destacó que, según las resoluciones del TEPJF, corresponde al Congreso local sancionar al Gobernador. Sin embargo, subrayó que las únicas sanciones que el Legislativo puede imponer son de carácter político, como la inhabilitación o la destitución.
“A nosotros nos piden sancionar al Gobernador y las únicas sanciones que podemos ver en el Congreso son las de tipo político”, afirmó la diputada, indicando que se trata de un tema que requiere atención inmediata.
Propuesta de juicios políticos
La propuesta que se ha planteado consiste en dividir las 16 sentencias en tres juicios políticos distintos. En este esquema, un juicio atendería cuatro sentencias, mientras que otros dos se encargarían de seis sentencias cada uno. De esta forma, se espera que el proceso sea más ágil y que se pueda atender cada caso de manera adecuada.
Es importante aclarar que esta iniciativa aún no ha sido formalmente aprobada, y De la Garza enfatizó que se trata de una propuesta que se discutirá como un bloque entre las tres bancadas.
“Todavía no es una decisión tomada, no es una decisión de la Comisión Anticorrupción”, comentó, dejando claro que la intención es avanzar de manera unida y coordinada.
Si se lleva a cabo este procedimiento, las sanciones que podrían derivar de los juicios políticos incluyen la destitución del cargo de Gobernador y la posibilidad de inhabilitación por un periodo que podría alcanzar hasta 20 años. Esta perspectiva añade un peso considerable a la situación actual de Samuel García, quien se enfrenta a serias acusaciones que podrían comprometer su permanencia en el cargo.
Plantean juicios políticos contra Samuel García.
Implicaciones de los juicios políticos
La propuesta de los juicios políticos no solo representa un desafío para el Gobernador, sino que también subraya un clima de tensión política en el Estado. Además de estas 16 sentencias, hay otros cinco juicios que han sido solicitados al Congreso por diversas razones, incluyendo la no publicación de decretos y violaciones reiteradas a la Constitución. Estos factores agravan aún más la situación de García y muestran un entorno legislativo dispuesto a actuar ante las irregularidades señaladas.
La eventual aprobación de estos juicios políticos también podría establecer un precedente en la política estatal, donde la rendición de cuentas se vuelva un tema central en la discusión pública.
