El gobernador fue amparado con el argumento de que no se le puede restar atribuciones, por lo que los diputados mostraron su inconformidad.
Las controversias e intrigas son pan de cada día para el Congreso local, que lleva peleando contra el gobernador Samuel García por sus faltas ante la ley; aunque recientemente se emitió un amparo que impide la aplicación de la reforma 27 sobre el veto, esto por parte del juez Octavo de Distrito de Tamaulipas, Faustino Gutiérrez Pérez.
De acuerdo a la postura del juez, las reformas serían aplicables para quien tome el cargo para el 2027, pues le quitarían atribuciones que el mandatario asumió al momento de asumir su puesto el pasado 4 de octubre de 2021.
La decisión provocó la inconformidad de miembros del PAN y el PRI en el Congreso, pues paralizaron sus actividades. La diputada Alhinna Vargas (PRI) presentó un decreto con el que se acordó no sesionar en el Pleno y detener las actividades de las Comisiones por tiempo indefinido. “El juez Faustino Gutiérrez Pérez es incompetente para conocer de hechos en el Estado de Nuevo León pues su jurisdicción está en Tamaulipas, y además se extralimitó en sus funciones, contribuyendo al conflicto de poderes en Nuevo León”, señaló la diputada en tribuna.
No es la primera vez que el juez Faustino Gutiérrez intercede con éxito para aplicar amparos, ya que estuvo trabajando de la mano con el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, su familia y algunos amigos. Este último no sólo fue acusado de lavado de dinero, sino de fraude fiscal y hasta de delincuencia organizada. Asimismo, Gutiérrez Pérez fue señalado por la Fiscalía General de la República por delito contra la administración de la justicia, resultado de los fallos emitidos en sus juicios.
El juez Octavo de Distrito tiene su sede en Reynosa, y ha participado en los casos de Juan Francisco Tamez Arellano, Baltazar Higinio Reséndez Cantú, Víctor Hugo Guerra García y el senador Ismael García Cabeza de Vaca. La mayoría de los casos están relacionados a bloqueos de cuentas bancarias y la cancelación de órdenes de aprehensión.
